Introducción

Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados preliminares de una revisión sistemática en curso sobre el conocimiento existente acerca de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que intervienen o intervinieron sobre el consumo de drogas en la Argentina democrática. Es decir, aquel conjunto de OSC que, siendo o no su principal área de intervención, se han movilizado para tener un efecto directo o indirecto sobre el consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales. Dicha movilización, se entiende, puede incluir desde servicios preventivos o terapéuticos y programas de investigación hasta acciones destinadas a mantener o modificar las normas que regulan el consumo de drogas, así como la intermediación con el Estado en la aplicación de la política pública en la materia.

La cualidad sistémica de la revisión radica en que somete al corpus de bibliografía a un análisis estructurado y se encuentra orientada por preguntas específicas que definen el relevamiento de la información. En concreto, dichas preguntas son:

1. ¿Qué tipo de OSC que intervienen o han intervenido sobre el consumo de drogas en la Argentina democrática han sido investigadas?
2. ¿Qué modalidades de intervención han realizado estas OSC y cuáles han sido sus características particulares?

En lo que sigue se busca responder estas dos preguntas reparando en variaciones a lo largo del tiempo, del espacio geográfico y con respecto al modo en que interactúan las dimensiones invocadas en cada uno de los interrogantes.

Haciendo esto, el trabajo pretende ofrecer una novedosa contribución al campo de estudios sociales sobre el “problema de las drogas”. Las OSC constituyen actores trascendentales de la historia y actualidad nacional tanto de la provisión de servicios preventivos y asistenciales como de los procesos de problematización pública que definen las intervenciones estatales respecto a la cuestión. Si bien existen múltiples estudios de caso sobre estas OSC, aún no se ha avanzado en un análisis sistematizado que permita comenzar a desglosar conjuntos de organizaciones, clasificar sus relaciones e identificar procesos generales que hacen a este segmento de la sociedad civil. Apelando a los beneficios de la revisión sistemática de la literatura (Petticrew y Roberts, 2006), el manuscrito busca realizar un aporte en este sentido esbozando un resumen inicial del estado del conocimiento, presentando algunas coordenadas que sirvan como guía para futuras investigaciones empíricas y exhibir las potencialidades que este tipo de revisiones puede tener para este y otros campos de las ciencias sociales.

1. Definiciones conceptuales y metodológicas

La inespecificidad constituye un atributo propio del concepto de sociedad civil. No sólo porque sus definiciones varían radicalmente con arreglo a los distintos marcos conceptuales que hacen uso de ella y por la vasta heterogeneidad de los actores que allí son comúnmente ubicados, sino también por su irremediable ligazón constitutiva con ámbitos sociales más determinados como lo son el Estado y el mercado. La amplitud y volatilidad de dicha noción, a su vez, se encuentra potenciada por su remota trayectoria en el pensamiento occidental, extendiéndose desde la filosofía aristotélica, el contractualismo y la economía política clásica hasta el idealismo hegeliano y distintas vertientes del marxismo (Blanco, 2005). En este sentido, resulta fundamental iniciar este trabajo presentando una definición operativa del concepto.

Se entiende que la sociedad civil constituye un campo de asociaciones voluntarias y primordialmente no mercantiles habitado por una amplia variedad de actores colectivos con ubicación entre el mercado y el Estado (Biagini, 2009: 41; Cohen y Arato, 1998: 8). Es decir, se parte desde la perspectiva tripartita moderna que permite superar el par de conexiones unívocas que otrora unían excluyentemente lo privado con el mercado y, por otra parte, lo público con el Estado (Biagini, 2009). Sin embargo, es importante tener en cuenta que los límites ideales que separan a la sociedad civil de tales esferas colindantes de ningún modo imposibilitan interacciones o suspenden codependencias y que, más aún, tienden a presentarse en la realidad social con márgenes fluidos, permeables y por momentos superpuestos (Miller et al, 2009). Relacionado a esto, se entiende que no es adecuado –tal como ha sido recurrente en cierto sentido común y en algunas tradiciones conceptuales– idealizar a la sociedad civil con base en preconceptos sobre su supuesta apoliticidad, armonía o autonomía respecto a la economía como tampoco resulta útil adosarle valoraciones normativas sobre su superioridad en la satisfacción de necesidades o su función necesariamente positiva en el sistema democrático.

La inespecificidad del término reaparece inevitablemente a la hora de intentar identificar sus instancias organizativas específicas. En un escenario de sobrepoblación terminológica, estas organizaciones han sido rotuladas de una variedad de maneras: “no gubernamentales”, “sin fines de lucro”, “ciudadanas”, “comunitarias”, entre otras. El concepto de “organizaciones de la sociedad civil” utilizado en el presente trabajo también pertenece a este acervo de expresiones de definición inconstante y con presencia extendida tanto dentro como fuera del ámbito académico. Como apunta Biagini (2009), y de manera similar a lo que ocurre con la idea de sociedad civil, dicha noción ha sido originalmente depositaria de una carga semántica que evoca organizaciones desideologizadas que persiguen necesariamente el bien común y fines útiles. No obstante, aquí se adopta el término en un sentido amplio, más cercano a su literalidad. “Organizaciones de la sociedad civil” viene a denotar nodos organizativos (y redes de dichos nodos) que se forman en el campo asociativo de la sociedad civil. Se trata de iniciativas más o menos institucionalizadas, formalmente independientes del mercado y el Estado, que persiguen fines legales y no encuentran en el lucro su principal motivación expresa.

A pesar de su conjugación en singular, en la sociedad civil conviven organizaciones de una vasta heterogeneidad, diferenciándose en función de sus objetivos, valores y repertorios, los cuales incluso pueden ser contrapuestos entre sí (Wild, 2006). Se trata de distinciones de fondo que se adicionan a otras como formato legal, escala, tamaño, fuente y disponibilidad de recursos económicos, grado de formalización, antigüedad, origen, entre muchas otras variables que pluralizan a la sociedad civil (Sorj, 2005). Además, desde el punto de vista analítico, las organizaciones de la sociedad civil pueden distinguirse por su nivel de institucionalización, modos de construcción de legitimidad, tipo de relaciones con el Estado y el mercado, y grado de intervención en la esfera pública (Olvera Rivera, 2000). En paralelo, la presencia y orientación de estos y otros rasgos que en general definen la composición de la sociedad civil se encuentran sujetos a las particularidades de los contextos que rigen en cada momento histórico a nivel nacional y global.

Realizada esta aclaración conceptual, resta presentar algunas definiciones metodológicas con base en las pautas elaboradas por Petticrew y Roberts (2006) sobre la revisión sistemática de la literatura. Este tipo de revisión, según los autores, puede servir a distintos propósitos, entre ellos, resumir el estado del conocimiento sobre un tema con el fin de contestar una o varias preguntas. En general, las revisiones sistemáticas permiten clarificar controversias, sintetizar la abundancia de información, identificar vacíos y relativizar excesos de certeza. Aunque las mismas suelen permitir superar las limitaciones de estudios particulares, aún pueden estar afectadas por sesgos. Por lo tanto, al igual que en una investigación empírica, es preciso expresar con claridad el método utilizado en el desarrollo de la revisión. De tal modo, en resumen, la revisión sistemática de la literatura constituye un tipo de revisión metodológicamente orientada que recaba, examina y resume el conocimiento disponible sobre un tópico definido a partir de interrogantes o hipótesis concretos.

Un punto prioritario al realizar una revisión sistemática es definir el criterio de inclusión de las producciones que se encuentran en el estado del arte. Para esto, resulta conveniente hacer uso de la cualidad clarificadora de los interrogantes que motivaron la revisión. La elaboración de preguntas precisas permite contar con criterios claros para efectuar recortes temáticos, temporales y espaciales durante la revisión. Así, la recolección de material bibliográfico se da de manera sincronizada a su examinación preliminar. El objetivo aquí es minimizar la inversión de tiempo y recursos en la construcción del corpus que será analizado de manera sistemática a la vez que se procura maximizar la incorporación de las producciones científicas existentes que permitan responder a alguna de las preguntas propuestas. El proceso de relevamiento de publicaciones debería concluir una vez alcanzado un punto de saturación a partir del cual la incorporación de artículos no deriva en la obtención de nueva información.

Una vez establecido el corpus se debe pasar a una instancia de resumen y análisis sistemático de la evidencia. La tabulación es uno de los medios más útiles para estos fines. Las tablas, donde cada estudio ocupa una fila, ayudan a explicitar las categorías de análisis derivadas de las preguntas de investigación, contribuyen a generar una visión panorámica de los datos a partir de su síntesis y ordenamiento, y permiten realizar entrecruzamiento de variables.

Siguiendo los lineamientos hasta aquí expuestos la revisión sistemática de este trabajo se llevó a cabo con el fin de responder dos preguntas concretas sobre las OSC que intervienen sobre el consumo de drogas en la Argentina democrática. Por esto último se entiende el período que se extiende desde el año 1983 hasta el presente. Este recorte, por un lado, permite que el trabajo aporte a un área de conocimiento consolidada y, por otro, garantiza un contexto institucional más o menos constante que habilita la comparación entre los casos al mismo tiempo que demarca una extensión temporal que puede proveer una variación útil para el análisis.

Estas preguntas, cuyos supuestos conceptuales serán aclarados en la sección que sigue, sentaron las bases para definir con claridad el criterio de inclusión durante el relevamiento de publicaciones. Las mismas debían ser artículos científicos, libros (o capítulos) derivados de investigaciones científicas o tesis doctorales que contuvieran hallazgos que contribuyan a responder al menos uno de los interrogantes. Es decir, era necesario que fueran estudios que aportaran información sobre organizaciones específicas que, siendo o no su principal área de trabajo, intervinieran ante el consumo de drogas en Argentina. En tanto el presente es un trabajo que expone resultados preliminares, de ningún modo sostiene una pretensión de exhaustividad en el relevamiento hecho hasta el momento.

La recolección de bibliografía estuvo apuntalada en el uso de motores de búsqueda (Google Scholar y Microsoft Academic) y repositorios digitales (Scielo, Dialnet, CONICET y Redalyc), los cuales fueron explorados por medio de términos clave (“drogas”, “adicciones”, “sociedad civil”, “organizaciones de la sociedad civil”, “tercer sector”, “Argentina”) introducidos en combinaciones alternadas. La incorporación al corpus se decidió primero con base en el título y luego por el resumen de las publicaciones resultantes de las búsquedas. Además de la utilización de estos medios, la búsqueda se extendió sobre las referencias bibliográficas de los trabajos registrados y los listados de publicaciones de sus autores.

Continuando con lo sugerido por Petticrew y Roberts (2006), los estudios seleccionados se integraron a una tabla compuesta por columnas de dos tipos. Por un lado unas que permitieran apuntar los datos bibliográficos y resumir el contenido de los trabajos. Estas son: autor, título, año de publicación, tipo de publicación, disciplina, recorte temporal, pregunta de investigación, método y argumento. Por otro lado, se incluyeron columnas que habilitasen categorizar los hallazgos a partir de intereses que se desprenden de las preguntas de investigación. Aquí se incluyeron una serie de variables a ser utilizadas de corresponder en cada caso: organización, ubicación geográfica, tipo de servicio, nivel gubernamental de incidencia, área estatal de incidencia, propósito, repertorio, logro/s y tipo de relación con el Estado. El resultado de este procedimiento es una matriz que, de modo sistemático, posibilita el análisis y la extracción de información pertinente de cada trabajo así como la comparación entre los mismos. Los datos allí volcados, en conjunción con una discusión conceptual, permitirá abordar los interrogantes planteados. Esto se presenta en el siguiente apartado.

2. Resultados

Antes de avanzar en el análisis de los trabajos con el fin de abordar los interrogantes planteados resulta conveniente presentar un resumen de los principales rasgos del corpus. Al momento de escribir este trabajo, la recolección y selección de bibliografía había resultado en la tabulación inicial de un total de 26 trabajos científicos. Aunque no es posible sostener que este relevamiento se extendió hasta la saturación, se estimó que el alcance empírico de los trabajos reunidos proveía una base adecuada para un análisis inicial.

La amplia mayoría de estos son artículos científicos (20), seguidos por libros o capítulos de libros (5) y tesis doctorales inéditas (1). Los campos y sub-campos disciplinares en que se insertan estas producciones abarcan la sociología política, la sociología de la salud, los estudios sociales de la ciencia, la historia política, la ciencia política, la antropología política, la comunicación social y las relaciones internacionales. El período de publicación de las mismas se extiende desde el año 1998 hasta 2022 a la vez que la totalidad son resultado de investigaciones exclusivamente cualitativas enfocadas en un número reducido de casos y ancladas en técnicas tales como la entrevista semi-estructurada, la observación participante y el análisis de fuentes documentales.

2.1. Tipos de OSC que intervienen ante el consumo de drogas

Ninguna tipología es autoevidente. Más aún, cualquier esfuerzo por establecer una clasificación en una población de datos requiere de definiciones discrecionales y ajenas al objeto de estudio. Al mismo tiempo, las tipologías tienden al resumen y al encasillamiento de dichos objetos, reduciendo su complejidad y minimizando superposiciones o matices. No obstante esto, establecer principios de clasificación encierra gran potencial para ordenar el campo de investigación y analizar la realidad social en base a criterios que sean de interés teórico o metodológico. Al mismo tiempo, las tipologías constituyen una herramienta sumamente útil para inferir cualidades abstractas, permitiendo trascender los casos estudiados y obtener resultados generalizables que habiliten la comparación y la identificación de regularidades.

Dicho esto, sobre las OSC existen múltiples clasificaciones, provenientes tanto de la academia como de organismos internacionales e incluso de los propios estados. Por ejemplo, para el caso argentino, una tipología apegada a las definiciones legales y regulaciones jurídicas nacionales distingue esencialmente entre fundaciones, asociaciones civiles y mutuales, en adición a casos “híbridos” como los sindicatos, las cooperativas y las obras sociales (Campetella, González Bombal y Roitter, 2000). Sin embargo, ordenamientos conceptualmente orientados agrupan a las OSC de acuerdo a sus modos de vinculación con el Estado (De Piero, 2003; Miller et al, 2009), sus ámbitos geográficos de influencia (Burstein, 1998), sus estructuras organizacionales y modalidades de funcionamiento (Costoya, 2007), su finalidad y funciones (Rainey, Wakunuma y Stahl, 2017; Yu, 2010) y los destinatarios de sus acciones (Cela y Pedrazuela, 2002).

En este trabajo se opta por utilizar la clasificación definida en la investigación coordinada por Luna y Cecconi para la construcción de un índice sobre el desarrollo de la sociedad civil argentina (PNUD, BID y GADIS, 2004). Esto responde principalmente a dos motivos. Por un lado, se trata de una tipología de uso extendido y específicamente basada en la composición del campo asociativo local reciente. Por el otro, como se verá, sus principios clasificatorios conjugan varios de los criterios mencionados, permiten realizar distinciones clarificadoras entre las OSC estudiadas e iluminan aspectos complementarios a la otra pregunta que guía esta revisión.

El estudio citado ordena al campo organizativo de la sociedad civil a partir de la diferenciación de dos “lógicas” constituyentes de la acción colectiva: la ayuda mutua y la iniciativa filantrópica. La lógica de ayuda mutua es aquella basada en la pertenencia de sus miembros y donde los destinatarios expresos de las acciones de la organización son ellos mismos. Estas se encuentran mayormente orientadas por una lógica de solidaridad interior y de coordinación mancomunada. Existe en estas organizaciones una participación más o menos horizontal, y se encuentran generalmente orientadas a la prestación de servicios sociales o a la defensa de intereses sectoriales.

Hacia el interior de esta lógica, las OSC pueden encontrarse constituidas por un atributo en común (profesión, género, parentesco, etc.) o por compartir un determinado territorio. A las primeras se las denomina asociaciones de afinidad. Estas “(…) dirigen sus acciones a la defensa de los intereses de sus asociados, quienes comparten los atributos que las definen” (PNUD, BID y GADIS, 2004: 12). Las segundas son las organizaciones de base territorial, las cuales se encuentran “(…) constituidas por los pobladores de un ámbito geográfico determinado, para dar respuesta a sus propias necesidades (…)” (PNUD, BID y GADIS, 2004: 12).

A su vez, en la sociedad civil emergen acciones colectivas promovidas por lo que esta tipología denomina “iniciativa filantrópica”. Estas acciones se basan en una lógica del “desprendimiento y el interés público” y se encuentran dirigidas a satisfacer el bien común o a sectores sociales delimitados “(…) respecto de los cuales existe una justificación razonable para acudir en su ayuda” (PNUD, BID y GADIS, 2004: 12). Estas se dedican mayormente a la transferencia de bienes y servicios. Nuevamente, hay dos clases de organizaciones que se movilizan bajo esta lógica. Por una parte, apuntaladas en cierta medida en el mercado, se encuentran las fundaciones empresarias, creadas por compañías privadas para realizar acciones de beneficencia. Por otra, las denominadas “organizaciones de apoyo, entidades creadas por un grupo de personas con el objeto de transferir capacidades, bienes y servicios a otros” (PNUD, BID y GADIS, 2004: 12). Finalmente, a esta tipología de OSC se debe sumar las organizaciones de segundo orden donde confluyen las organizaciones de cada tipo bajo el formato de redes, federaciones, confederaciones, etc.

Entonces, tomando en cuenta este ordenamiento, ¿qué tipos de OSC han sido reconocidas por la literatura relevada como intervinientes ante el consumo de drogas? Principalmente, los trabajos sistematizados han colocado el foco sobre las asociaciones de afinidad y las organizaciones de apoyo, mientras que la movilización de las organizaciones de base frente al consumo de drogas se ha estudiado en menor medida. Ninguna fundación empresaria ha sido identificada como interviniente frente a este tema en las publicaciones analizadas.

Las organizaciones de apoyo identificadas en el estado del arte son aquellas dedicadas a la prestación de servicios sociales. Si bien estas OSC brindan múltiples servicios, los trabajos revisados prestan especial atención a las tareas que realizan en materia de asistencia terapéutica y prevención frente al consumo de drogas. Se trata de OSC que tienen como destinataria primordial a la población que hace uso de dichas sustancias en general y, en particular, aquella cuyo hábito o modalidad de consumo es susceptible de ser percibido como “problemático” o como una “adicción”. Estas intervenciones están sustentadas en visiones distinguibles sobre el asunto, involucrando diferentes explicaciones y formas de solucionarlo. Las organizaciones registradas en general poseen cierto grado de institucionalización y reconocimiento estatal.

Varios de los trabajos recopilados se han abocado a este tipo de OSC, que parecen haber inaugurado el campo asociativo en la materia. El Fondo de Ayuda Toxicológica es una de las primeras identificadas por el estado del arte. Sus orígenes se remontan a las iniciativas preventivas y terapéuticas diseñadas desde la Cátedra de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires durante 1960 y 1970 (Levin, 2013). Formalizada como asociación civil una década después y operativa hasta la actualidad, pasó de brindar atención de especialidad médica a brindar servicios asistenciales y hacer tareas de investigación y divulgación desde un abordaje interdisciplinar (Levin, 2013).

También en lo que respecta a los servicios de atención terapéutica, distintos estudios identifican a las OSC que integran la Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA), formalizada en 1991, como exponentes de esta clase de intervenciones. Herederas de las primeras iniciativas asistenciales desde el campo religioso (Algranti y Mosqueira, 2018), se ha destacado que las organizaciones que componen FONGA han sido actores claves en la caracterización pública del “problema de las drogas” a partir de intervenciones en medios de comunicación e incidencia en el Estado durante la década de 1980 (Aureano, 1998). Su rol central ha radicado también en su influencia sobre la capacitación de profesionales (Levin, 2013), el ejercicio de la representación de la sociedad civil en organismos y federaciones internacionales, y su intermediación en la aplicación de políticas públicas asistenciales (Camarotti, 2011).

Aunque ciertas organizaciones nucleadas en FONGA desarrollan intervenciones terapéuticas que implican una dimensión espiritual (Jones y Cunial, 2017) y existen, por fuera de su estructura, asociaciones de inspiración religiosa que han tenido gran influencia en la política de drogas (Ferreyra, 2019), el estado del conocimiento permite diferenciarlas de las OSC dependientes de las estructuras jerárquicas de las iglesias.

En el mundo pentecostal, tal como muestran Algranti y Mosqueira (2018), el Programa Vida es una asociación civil que surge en 2003 como una iniciativa para articular institucionalmente a las iglesias evangélicas con trayectoria en la prestación de este tipo de servicios. Según los autores, esta red conecta a la mayoría de dichas iglesias, buscando facilitar el acceso a los tratamientos y unificar la perspectiva de abordaje a partir del dictado de cursos de capacitación. En el catolicismo, una organización de segundo nivel en cierta medida análoga es la Federación Hogar de Cristo. Esta tiene su origen en las intervenciones asistenciales iniciadas en 2008 por el Equipo de Sacerdotes para la Pastoral de las villas de Emergencia para brindar apoyo en dichos lugares ante la proliferación del consumo de drogas (Azparren, 2020). Su experiencia le ha permitido estructurar una red nacional que incluye OSC no eclesiales al mismo tiempo que ha servido a la Iglesia Católica como instrumento para influir sobre la política de drogas (Cunial, 2018; Ferreyra, 2022a).

También han sido investigadas OSC dedicadas con mayor énfasis a la prevención y reducción de los daños asociados al consumo de drogas. Portadora de una perspectiva sobre el fenómeno que, como se verá con mayor profundidad en el próximo apartado, permite distinguirla del resto de las organizaciones de apoyo, la asociación civil Intercambios aparece como una de histórico ascendiente en el área. Con una trayectoria que inicia a mediados de 1990, ha detentado una importante proyección internacional (Camarotti y Güelman, 2017) a la vez que interpretado un rol preponderante en la formulación de políticas públicas desde dicha perspectiva (Camarotti, 2011). A su vez, con un perfil más bien experto y vinculado a la academia, Intercambios posee una fuerte orientación hacia la investigación como instrumento para incidir en el espacio público (Cutrona, 2022).

Por su parte, las asociaciones de afinidad abordadas en el estado del arte parecen ser de surgimiento más reciente. Mayormente, estas definen el sentido de pertenencia de sus miembros con base en la adopción de un posicionamiento público frente a la legislación nacional de drogas. De esta manera, se trata de OSC orientadas en general a la incidencia política siempre que entre sus objetivos constitutivos o líneas de acción principales se encuentra la intención de modificar o conservar la actual normativa en la materia. Precisamente, es en el modo en que la legislación (o su potencial reforma) afecta la situación personal de sus miembros donde radica una de las motivaciones fundamentales de la acción colectiva a la vez que su exteriorización constituye una forma esencial de identificación. Es decir, se trata de organizaciones de “consumidores”, “familiares”, “madres” y “padres”, atributos que los participantes tienen en común y los cuales catalizan la ayuda mutua.

La bibliografía registrada ha abordado este tipo de OSC con distintos intereses. Corbelle (2013a, 2013b) analiza las prácticas y los discursos de organizaciones de segundo grado de consumidores (v.g. la Red Argentina de Usuarios de Drogas y Activistas y la Red Argentina por los Derechos y Asistencia de los Usuarios de Drogas) y de familiares (en concreto, la Red de Madres y Familiares de Víctimas de las Drogas) con posicionamientos antagónicos en la interacción con el Poder Legislativo en el contexto del debate por la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal durante los primeros años de la década de 2010. Esta misma autora ha colocado el foco sobre las agrupaciones cannábicas para comprender sus estrategias de identificación y de visibilización de su praxis política (Corbelle, 2017), y su dinámica interna y el rol que allí juega la solidaridad y la amistad (Corbelle, 2018).

Otros trabajos se han concentrado sobre el proceso de despenalización y regulación de los usos medicinales de esta misma planta sucedido a partir de la segunda mitad de dicha década. Identifican allí la centralidad política de las organizaciones de madres de niños con patologías que requieren tratamientos con cannabis y sus derivados (v.g. Mamá Cultiva y Cannabis Medicinal Argentina), examinando sus representaciones sobre la maternidad, su construcción de conocimiento sobre la temática y sus vínculos con el saber médico (Labiano, 2018; Díaz, Aguilar y Romero, 2021). Más allá de este protagonismo, también se ha detectado la participación en dicho proceso de organizaciones de usuarios no medicinales de cannabis que fueron incorporando los usos específicamente terapéuticos en sus agendas como una vía para adquirir legitimidad y continuar avanzando en una legalización integral de la sustancia (Palazzolo, 2018; Romero y Aguilar, 2020). Se estima que en la actualidad existen alrededor de cuarenta OSC dedicadas al cannabis en Argentina, muchas de las cuales se nuclean en una organización de segundo orden llamada Frente de Organizaciones Cannábicas (Romero y Aguilar, 2020).

Finalmente, las organizaciones de base territorial tienen una aparición notoriamente menor en la bibliografía revisada. Las OSC que han sido investigadas son aquellos movimientos sociales que, inicialmente surgidos como colectivos de desocupados, fueron adquiriendo mayor institucionalización y complejidad organizacional, y han incluido dentro de sus repertorios una vasta serie de servicios entre los que hoy se incluye la asistencia y prevención del consumo de drogas. Particularmente, en los últimos años, OSC como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita (ME), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) han desplegado distintas iniciativas en zonas vulnerables para abordar dicho asunto y, de manera similar a las organizaciones de apoyo, se han convertido en importantes intermediarios en la ejecución de políticas públicas en estos sectores poblacionales (Ferreyra, 2022b). Este fenómeno ha tenido, incluso, impacto sobre la estructura organizativa de estos movimientos, los cuales fundaron subunidades o líneas internas especializadas que nuclean los dispositivos que intervienen sobre el consumo de drogas, tales como: Ni un pibe menos por la droga (CCC), Casa Pueblo (ME), Vientos de libertad (MTE) y Red Puentes (MPLD) (Ferreyra, 2022b).

2.2. Caracterización de las intervenciones de las OSC

La transición democrática en conjunto con reformas estructurales de la década de 1990 y los efectos de la globalización dieron una renovada centralidad a la sociedad civil en América Latina, especialmente en su relación con el Estado (Zurbriggen, 2011). En Argentina, la crisis de 2001 que deslegitimó al poder político estuvo asociada a la multiplicación de espacios de participación y de canalización de la representación, los cuales posteriormente buscaron ser contenidos e incluidos una vez alcanzada la estabilidad institucional (De Piero, 2003). A esto siguió la irrupción de una cadena de demandas sociales vinculadas a la ampliación de derechos civiles, la (in)seguridad, la política fiscal, los medios de comunicación, entre otros temas, que resultaban indicativas de una creciente movilización e intensificación de la actividad de la sociedad civil (Gradin y De Piero, 2015).

En este escenario, el campo asociativo ha adquirido una pluralidad de objetivos y áreas de intervención. Para abordarla, y en vista del interrogante que guía esta sección, resulta útil el esquema analítico propuesto por Beer, Bartley y Roberts (2012). Los autores identifican tres modalidades de acción de las OSC contemporáneas: la incidencia política, la provisión de servicios y la regulación. La primera refiere a aquellas intervenciones dirigidas a llamar la atención sobre problemas sociales e influir sobre el Estado para conseguir su tratamiento o resolución. A su vez, las OSC proveen servicios en múltiples áreas (salud, educación, asistencia social, etc.) a determinadas poblaciones que de otro modo tendrían inconvenientes para acceder a ellos. Por último, las OSC pueden desempeñar tareas de vigilancia y controlar el cumplimiento de la ley, tanto por parte del Estado como del mercado.

Mientras que esta última modalidad de intervención no aparece con claridad entre los intereses de las publicaciones relevadas sobre la movilización de la sociedad civil ante el consumo de drogas, la incidencia política y la provisión de servicios han acaparado la mayor parte de la atención. Entonces, ¿qué rasgos describe el estado del conocimiento sobre cada una de estas intervenciones y cómo varían los mismos con arreglo al tipo de OSC?

Si bien también tiene lugar entre las denominadas asociaciones de afinidad, las características que asume la provisión de servicios constituyen un tema central de las investigaciones dedicadas a las organizaciones de apoyo y, en menor medida, a las organizaciones de base. Un principio de distinción y punto de comparación recurrente en las publicaciones son las diferentes perspectivas que tienen estas organizaciones sobre el consumo de drogas y las consecuentes estrategias de atención terapéutica y prevención que desarrollan. En este respecto, es posible identificar tres modalidades de abordaje principales.

Las comunidades terapéuticas (CT) han acaparado largamente la atención de las ciencias sociales. Los trabajos registrados en torno a sus intervenciones frente al consumo de drogas se expanden desde la década de 1990 hasta la actualidad, haciendo especial énfasis en experiencias organizativas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las CT han sido identificadas como uno de los abordajes exponentes de la perspectiva abstencionista, es decir, aquella según la cual la supresión del consumo es el objetivo fundamental (Camarotti, 2011). Originalmente inspiradas por el movimiento de revisión psiquiátrica de mediados del siglo XX, el modelo de CT orientó las primeras intervenciones asistenciales de la sociedad civil ante el consumo de drogas. Adoptando en sus inicios la forma de grupos de autoayuda en donde los consumidores procuraban alcanzar la abstinencia sometiéndose a las reglas de la comunidad, estas fueron adquiriendo mayor complejidad y grados crecientes de profesionalización una vez entrada la década de 1980 (Levin, 2013).

De acuerdo a la bibliografía relevada, los servicios asistenciales de las CT se caracterizan por ser mayormente residenciales y hacer uso de la comunidad como herramienta terapéutica para producir el cambio comportamental (Levin, 2013: 31). Desde un abordaje predominantemente psicológico, los destinatarios son introducidos en un sistema de vida total en el que se le otorga un papel activo a partir de la asignación de roles y funciones (Camarotti, 2011). Se ha apuntado que en algunas CT, fundamentalmente aquellas que involucran en sus tratamientos elementos religiosos, el modelo residencial se basa en una teoría causal sobre el consumo problemático de drogas según la cual el mismo se deriva de una degradación social general y, por tanto, demanda el aislamiento del usuario en una nueva comunidad reglada y totalizante que induzca su resocialización (Camarotti, Güelman y Azparren, 2018; Garbi, 2020; Güelman, 2018a, 2018b).

En cuanto a las acciones de incidencia política, de acuerdo con Aureano (1998), en el proceso de profesionalización e institucionalización de las organizaciones de apoyo cuyos servicios se fundaban en el modelo de CT jugó un rol fundamental tanto la interacción con iniciativas internacionales como con el Estado, los cuales contribuyeron a establecer pautas terapéuticas comunes y consolidar instancias organizativas de coordinación, siendo la ya mencionada FONGA la más relevante. Siguiendo a dicho autor, a su vez, la incidencia política de estas OSC se materializó en la consecución de instancias concretas de reconocimiento y participación en los nacientes organismos especializados en materia de drogas que surgieron con la transición a la democracia (Aureano, 1998).

Esta lógica se afianzó durante los años ’90 cuando, al crearse la Secretaría de Programación para la prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), una gran proporción de estos actores fueron consolidándose como importantes efectores de la política asistencial financiados con recursos públicos (Levin, 2013). Esta incidencia fue funcional a la perduración de una modalidad de intervención estatal esencialmente programadora que “terceriza” la aplicación de la política pública (Ferreyra, 2019). Si bien esta constituye una de las principales vías de incidencia de las organizaciones de apoyo que proveen servicios asistenciales desde el modelo CT, sus vinculaciones con el Estado son variadas y se extienden desde la articulación cooperativa con instancias subnacionales para el desarrollo de los tratamientos hasta el despliegue de repertorios más contenciosos para influir en la discusión sobre la legislación penal en materia de drogas (Jones y Cunial, 2017; Corbelle, 2013a). Al margen de esto, algunas CT de fuerte inspiración religiosa con bajos grados de profesionalización prescinden de la vinculación financiera con el Estado a los fines de no tener que someterse a la estandarización y regulación de sus servicios asistenciales (Güelman, 2018).

Aunque con una frecuencia sensiblemente menor que las CT, también han sido foco de atención de los trabajos registrados las intervenciones preventivas de las organizaciones de apoyo fundadas en el enfoque de reducción de daños. Este enfoque se opondría al abstencionista al no centrarse en conseguir la evitación o eliminación del consumo de drogas, sino por minimizar sus consecuencias negativas para la salud, lo social y lo económico (Camarotti, 2011). Una OSC central de esta escena ha sido la asociación civil Intercambios. Hacia fines de la década de 1990 esta organización de apoyo, respaldada en un robusto trabajo paralelo en investigación, lanzó un programa de distribución gratuita de jeringas entre la población usuaria de drogas inyectables para prevenir la transmisión del VIH, infección epidémica con gran prevalencia entre esta población (Cutrona, 2022).

Si bien en años recientes esto puede estar cambiando, las OSC que intervienen ante el consumo de drogas desde esta perspectiva no han encontrado mayor recepción en el Estado nacional (Camarotti, 2011). De allí que, en comparación con aquellas que proveen servicios terapéuticos de modalidad CT su incidencia política ha sido sensiblemente menor. No obstante, existen algunas excepciones. Mientras que los trabajos relevados no dan cuenta de su influencia sobre las políticas de SEDRONAR, sí destacan ciertas experiencias de coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación. En los años 2002 y 2003, por ejemplo, Intercambios participó activamente en la ejecución de un programa coordinado entre dicho ministerio y distintos organismos de Naciones Unidas para fortalecer la entrega de jeringas y preservativos (Camarotti y Güelman, 2017).

Finalmente, el estado del arte permite diferenciar los servicios descriptos hasta aquí de aquellos que se encuentran anclados en un abordaje que puede ser denominado como “comunitario”. Servicios como estos se encuentran mayormente destinados a poblaciones en situación de pobreza y parten de la premisa de que el consumo problemático de drogas responde en gran medida a dicha situación de exclusión social (Camarotti y Güelman, 2017; Azparren, 2020; Ferreyra, 2022b). De acuerdo a la bibliografía relevada, es con base en esta teoría causal del fenómeno que proponen un abordaje multidimensional del mismo, el cual combina varias estrategias más allá del aspecto individual y sanitario: la restauración de derechos básicos insatisfechos y la recomposición de los vínculos sociales hacia el interior de cada comunidad (Camarotti, Güelman y Azparren, 2018; Ferreyra, 2022b).

Los tipos de OSC que la literatura vincula con esta clase de servicios son mayoritariamente organizaciones de apoyo con estrechos vínculos con la Iglesia Católica, como la Federación Hogar de Cristo, y organizaciones de base territorial. Se trata de organizaciones que desarrollaban acciones de asistencia social y cooperación en territorios marginados y, al emerger allí –fundamentalmente con el cambio de milenio– el consumo de drogas como problema, comenzaron a intervenir frente a él con respuestas preventivas y terapéuticas (Azparren, 2020; Ferreyra, 2022b). Un rasgo común a sus intervenciones ha sido la impronta territorial, en tanto se configuran como actores con capacidad para mantener una presencia consolidada e influir cotidianamente en dichos espacios geográficos y sociales (Azparren, 2017; Azparren y Güelman, 2017; Ferreyra, 2022b).

Además del estudio de dichas respuestas, la literatura se ha concentrado en analizar su incidencia política. Durante la última década, las organizaciones con vínculos eclesiales y las de base territorial han articulado distintos repertorios para orientar de acuerdo a sus intereses y posicionamientos la política nacional de drogas. Legitimados por los servicios que desarrollan y en estrecha interacción con funcionarios de SEDRONAR han construido la autoridad y capacidad necesarias para influir sobre una variedad de instancias institucionales, tanto en lo que refiere al diseño de programas asistenciales como en materia de legislación, designaciones, reformas burocráticas y gasto público (Ferreyra, 2022a).

Para cerrar este apartado, es necesario reparar en aquellas OSC sobre las cuales no se ha dado cuenta en profundidad de los servicios que desarrollan y que, en cambio, han acaparado la atención de la bibliografía recogida mayormente por sus acciones de incidencia política. En gran medida, estas son aquellas asociaciones de afinidad que han tenido como principal objetivo reformar la legislación nacional en materia de drogas. Si bien poseen agendas superpuestas y puntos de contacto, es posible distinguir dos conglomerados de organizaciones cuyas formas de incidencia han sido estudiadas con mayor detenimiento.

Por un lado las organizaciones de consumidores (especialmente de cannabis) que se vieron involucradas en las discusiones públicas que, a mediados de la década de 2010, tuvieron lugar en torno a la despenalización general del consumo de drogas ilegalizadas, es decir, con independencia de la sustancia y el propósito del uso. Se trata de organizaciones más bien informales, compuestas mayoritariamente por varones de clase media y ancladas en los grandes centros urbanos (Corbelle, 2017). Se ha destacado que su incidencia política ha estado mayormente asentada en su presentación como “víctimas” del sistema legal vigente y conocedores experimentados en la materia, en combinación con el despliegue de repertorios contenciosos como la protesta callejera y el pronunciamiento por medio de canales institucionales de participación en el Congreso Nacional (Corbelle, 2013a, Corbelle, 2013b).

No obstante esto, su éxito para incidir sobre las instituciones estatales respecto a su principal demanda ha sido relativamente bajo. Más recientemente, el auge y regulación del uso medicinal del cannabis ha extendido, entre estas organizaciones de usuarios y cannabicultores, acciones de asistencia como el cultivo solidario, el acompañamiento legal o la transmisión de saberes para el consumo terapéutico de la planta al mismo tiempo que ha propiciado su vinculación no siempre armónica con el campo científico-tecnológico (Romero y Aguilar, 2020).

Por otra parte, es posible identificar a las agrupaciones cuyas integrantes visibilizan su condición de madres de niños y niñas con patologías que requieren tratamientos con productos y subproductos del cannabis. La emergencia de estas organizaciones en la segunda mitad de la década de 2010 actualizó el campo del activismo cannábico al incorporar nuevos actores y demandas (Díaz, Aguilar y Romero, 2020). Si bien estas OSC también se dedican a otras actividades vinculadas a la difusión de información y la capacitación, los trabajos relevados se detienen en sus estrategias de incidencia política. La misma ha tenido como principal meta que el Estado nacional autorice distintos usos del cannabis con fines medicinales. Una empresa que ha tenido mayor éxito siempre que desde el 2017 se han sucedido una serie de reformas legislativas que habilitaron y regularon el consumo y cultivo del cannabis con fines terapéuticos (Labiano, 2018).

Con base en el artículo de Díaz, Aguilar y Romero (2020), es posible divisar dos rasgos centrales del proceso de incidencia de estas OSC. De un lado, la incidencia se ha dado de forma incremental. En una etapa inicial fueron los gobiernos municipales donde permearon los reclamos de estos grupos los cuales sirvieron para ir ascendiendo en discusiones con los estados provinciales y el nacional. Tal orientación incremental se observa también en la secuencia de conquistas: primero el permiso para importar productos derivados del cannabis a partir de la sanción de ley 27.350, luego el reconocimiento para participar en instancias de control de cumplimiento de la nueva legislación y finalmente la autorización para cultivar la planta con fines medicinales, entre otros logros. Por el otro lado, una particularidad adicional de la incidencia de estas agrupaciones de afinidad ha sido, nuevamente, la estrecha articulación con expertos y académicos. En dicho marco, miembros de unidades estatales como el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y ciertas universidades nacionales participaron de la coproducción de argumentos que permitiera modificar las instituciones regulatorias en la materia (Díaz, Aguilar y Romero, 2020).

A modo de cierre

El propósito de este trabajo ha sido presentar los resultados preliminares de una revisión sistemática del conocimiento disponible sobre las OSC que intervienen ante el consumo de drogas en la Argentina democrática. Dicha revisión se estructuró con base en dos interrogantes que, se estimó, tuvieran la capacidad de echar luz sobre dicha área de la sociedad civil a partir del ordenamiento y la caracterización del tipo de organizaciones y la clase de acciones que allí tienen lugar.

La información existente en el estado del conocimiento permite identificar organizaciones de apoyo, agrupaciones de afinidad y, en menor medida, organizaciones de base como aquellas que, desde la transición democrática, han intervenido sobre el consumo de drogas. El estado del arte permite observar que las movilizaciones iniciales del campo asociativo, durante las décadas de 1980 y 1990 estuvieron mayormente dominadas por organizaciones de apoyo que, desde distintas perspectivas, desarrollaron iniciativas preventivas y asistenciales. Estas OSC encontraban en el consumo de drogas su principal área de intervención y en algunos casos asumían un perfil experto sobre la temática. Muchas de las OSC revisadas perduran hasta la actualidad, lo cual demuestra la permanencia del consumo de drogas como un problema público que activa la acción colectiva en la sociedad civil.

Este hecho también se evidencia en la pluralización de OSC dedicadas al tema con el cambio de siglo. Por un lado, el estado del arte indicaría que se multiplicaron y potenciaron las agrupaciones de afinidad orientadas, con intereses diferentes, a incidir sobre las instituciones que orientan las políticas públicas en la materia. Por otro lado, apuntaría hacia la reciente intervención frente al consumo de drogas de organizaciones de apoyo y de base con robustos recorridos previos en el área de asistencia a los sectores vulnerables. Movimientos sociales y organizaciones con vínculos eclesiales han incorporado la prevención y asistencia terapéutica dentro de su acervo de servicios, expandiendo el conjunto de OSC intervinientes ante el consumo de drogas más allá de la dedicación específica sobre el tema. Es posible que esta tendencia se encuentre nutrida por una creciente caracterización pública del fenómeno según la cual sus consecuencias se agravan en contextos de exclusión social (cfr. Camarotti y Güelman, 2017; Ferreyra, 2019).

La identificación de distinta clase de acciones y la descripción de los rasgos que asumen entre las OSC que se activan frente al consumo de drogas permitió observar que la provisión de servicios y la incidencia política constituyen las líneas de intervención centrales investigadas por los trabajos relevados. Con base en estos, los servicios desarrollados por las organizaciones de apoyo han podido diferenciarse en tres modelos de abordaje: las CT, la reducción de daños y el comunitario. A su vez, la revisión permitió observar que este tipo de organizaciones también están abocadas a acciones de incidencia. Mientras que las OSC vinculadas a servicios de CT, primero, y las basadas en abordajes comunitarios, después, se fueron posicionando con firmeza como intermediarias en la aplicación de políticas públicas, las que sostienen intervenciones desde la reducción de daños han tenido un éxito menor en su vinculación con el Estado. Finalmente, agrupaciones de afinidad aparecen en la literatura como centralmente dedicadas a la incidencia. La práctica política de asociaciones de usuarios y madres de niños que necesitan del cannabis para sus tratamientos ha estado centralmente dirigida a modificar la legislación de drogas, demanda que por el momento sólo ha tenido éxito en el terreno medicinal.

En línea con lo dicho en la apertura del manuscrito, con estos hallazgos, la intención del trabajo es alentar un abordaje general sobre el conjunto de las OSC que se movilizan en nombre de resolver distintos asuntos problematizados en torno al consumo de drogas: la conducta misma, los riesgos asociados a ella, sus consecuencias sociales, las leyes existentes para controlarla, entre otras cuestiones. En este sentido, resulta primordial continuar la recopilación de trabajos, incluso incorporando otro tipo de producciones académicas (v.g. tesis de grado, de maestría y ponencias) y apelando a la utilización de otros mecanismos de búsqueda como los catálogos de bibliotecas y de revistas especializadas. Vinculado a esto, es fundamental maximizar la incorporación de producciones que informen sobre experiencias de OSC que desarrollan sus intervenciones en regiones distintas al AMBA. Por último, pero no por eso menos importante, se debe seguir profundizando sobre la evaluación de la validez empírica así como de la utilidad heurística de las categorizaciones propuestas en este trabajo vis a vis otras alternativas.

Bibliografía