Introducción

En marzo de 2017, el estado argentino reconoció, mediante la sanción de la ley 27.350, las propiedades medicinales del cannabis², también coloquialmente conocida como marihuana. No obstante, cultivadores y usuarios de la planta, continuaron siendo perseguidos, allanados y detenidos puesto que las prácticas de cultivo aún siguen tipificadas como delito en la Ley penal 23.737, vigente desde el año 1989 (Corda, 2017; Fusero 2017; Corbelle 2021).

Para comprender el actual estatus legal ambiguo del cannabis, considerado medicina y alcanzado por la ley penal al mismo tiempo, es preciso remitirse a la Convención Única sobre Estupefacientes³ de las Naciones Unidas firmada en Nueva York el 30 de marzo de 1961, en la cual los 73 países suscribientes, entre ellos Argentina, se comprometieron a controlar la producción y tráfico ilícito de las denominadas “drogas”. Como explican Bewley-Taylor y Jelsma, el principio rector del tratado era limitar el uso a fines exclusivamente médicos y científicos porque, como enuncia el preámbulo, “la toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para la humanidad”. Al mismo tiempo, este acuerdo internacional reconocía: “que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin” (Bewley-Taylor, et al., 2011, p. 1; Corda, 2017). En este sentido, en el marco de dicha Convención, se crearon IV listados de las sustancias controladas según su supuesto potencial de dependencia, riesgo de abuso y utilidad terapéutica. A partir de ese suceso, es que el cannabis quedó con un estatus jurídico muy riguroso, a pesar de que su uso cultural y social se encontraba ampliamente extendido a lo largo de la historia y de la geografía mundial, sin consecuencias graves asociadas (Hoffman y Schueltes. En: Corda y Fusero, 2016; Ruchansky, 2015; Escohotado, 1998).

A su vez, en los últimos 10 años ha crecido al interior de la comunidad científica el reconocimiento de las propiedades terapéuticas de la planta. En Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Holanda, Canadá, Israel, Inglaterra y gran parte de los estados de EE.UU., se han sucedido cambios de legislación en torno al cannabis de uso medicinal, terapéutico y paliativo, y de uso lúdico, recreativo o cultural. En varios de ellos las demandas de la sociedad civil han tenido un rol importante (Corda y Fusero, 2016). Argentina no ha quedado por fuera de este proceso y, en marzo de 2017, el Estado reconoció oficialmente las cualidades medicinales de la planta a través de la sanción de la ley N.º 27.350/17. Sin embargo, el primer decreto reglamentario 738/2017 sancionado en septiembre de 2017, resulta sumamente restrictivo (Corda, 2017, 2017b; Fusero, 2017; Salech 2018). Es decir, que si bien se creó el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la planta de Cannabis sus derivados y tratamientos no convencionales, mediante el cual se proveería de cannabis importado de forma gratuita a inscriptos. Los trámites y requisitos que señala el programa para recibir el aceite denominado Charlotte’s web, como afirman los propios usuarios: la mayoría de las veces no se ajustan en tiempo y forma a sus necesidades. Entre algunas de las limitaciones, solamente contempla los casos de epilepsia refractaria. Es decir que otras patologías para las cuales esta medicina resulta efectiva, han quedado fuera del cuerpo de la ley.⁴

En virtud de las dificultades mencionadas, las principales vías de acceso al cannabis y sus derivados continuaron siendo en la mayor parte de los casos el autocultivo, el cultivo colectivo y el cultivo solidario.⁵ Pero también, un sector creciente de usuarios terapéuticos y/o medicinales recurrió al mercado ilegal con los peligros y costos a la salud que ello puede traer aparejado.⁶

Sin embargo, a pesar del boom del cannabis medicinal en Argentina a partir del 2016 (Diaz, 2018; Romero y Aguilar, 2020), las detenciones a usuarios y cultivadores no han cesado, al contrario, se han incrementado.⁷ Debido a que las modalidades de cultivo no se encontraban contempladas en la reglamentación de 2017.⁸ (Corbelle, 2021; Ruchansky, 2020; Osler y Basalo, 2019). De hecho, en varias localidades del país, así como en Bahía Blanca durante 2015-2019, fue habitual que los operadores judiciales interpreten las conductas asociadas al cultivo (tenencia y almacenamiento de plantas y semillas) como indicios de comercio basados únicamente en el criterio de la cantidad (Corda, 2017b; Basalo, 2019). Por lo que cultivadores y usuarios fueron procesados como traficantes, aun cuando no se haya probado comercialización o alguna vinculación con las redes de narcotráfico y organizaciones criminales (Corbelle, 2021; Ruchansky, 2020).

Además de las consecuencias que la penalización genera, deben sumarse los efectos estigmatizantes que pesan sobre los usuarios de sustancias psicoactivas, las que se traducen en dificultades para acceder al sistema de salud, mantener y conseguir empleo, entre otras (Corbelle, 2018; Epele, 2010; Renoldi, 2001). A esta situación se le adiciona el incremento en la posibilidad de sufrir robos por las manos de “cogolleros”⁹, incrementando la percepción de desprotección institucional, por parte de quienes usan esta planta para su salud (Klein y Potter, 2017). Es decir aquellos a quienes hemos definido como usuarios y/o cultivadores terapéutico/medicinal de cannabis (en adelante UyCT/MC).

Interesa en este artículo describir las estrategias individuales y colectivas que estos actores desplegaron en el período analizado (2015-2019), tanto para resguardarse del accionar policial como de los robos por parte de terceros. Motivados fundamentalmente por la necesidad de asegurar la continuidad en el acceso al cannabis y sus derivados, así como también por la preocupación y el riesgo percibido frente a la posibilidad de ser allanados, detenidos y que se destruyan o se roben las plantas de sus espacios de cultivo.

A efectos de facilitar la lectura y el abordaje propuesto, el presente artículo consta de dos partes: en la primera se realiza una aproximación en clave sociológica, a través de una perspectiva relacional e histórica para explicar la formación del movimiento cannábico en Bahía Blanca y sus modalidades de acción colectiva. En este caso, a partir de los relatos de algunos/as de sus protagonistas, de distintas fuentes documentales escritas y publicaciones en la web y redes sociales. Para esto se realizó un recorte de los eventos socialmente más significativos que dieron nacimiento a este novedoso colectivo en el ámbito local, con sus prácticas y repertorios de lucha, el cual se enmarca en los denominados nuevos movimientos sociales (Svampa, 2008; Tarrow, 1997).

En la segunda parte se exploran, interpretan y explican las diferentes prácticas y estrategias de defensa, organización y gestión. Las mismas se han dividido en dos categorías: estrategias y prácticas de tipo colectivas: asociativismo, pactos de confidencialidad, círculos de allegados y las destinadas a aumentar la privacidad en las comunicaciones. Por otro lado, las estrategias y prácticas individuales: acciones de visibilización y las prácticas destinadas a favorecer la privacidad y seguridad de los cultivos. Como se verá, ambas categorías no son excluyentes, sino que se encuentran articuladas y son complementarias. Las mismas fueron desarrolladas por UyCT/MC y sus familias, a partir de la posición que ocupan en el campo, producto de los distintos capitales que poseen estos agentes (Bourdieu, 1995). Motivados fundamentalmente por dos razones a las que todos los entrevistados referenciaron: asegurar la continuidad en el acceso al cannabis y sus derivados, ya que la imposibilidad de obtener flores de marihuana tendrá repercusiones negativas en el ámbito de la salud personal, el entorno familiar y social; y la preocupación y el riesgo percibido, frente a la posibilidad de ser allanados/as, detenidos/as y que se destruyan o se roben sus cultivos.

En este sentido se asume que estas estrategias implementadas durante 2015-2019, son de carácter colectivo e histórico, por lo que la vinculación entre ambos cuerpos aquí escritos, resulta esclarecedora a efectos de comprender la forma en que se fueron gestando, desarrollando y perfeccionando. Por último, se concluye con algunas reflexiones respecto de las cuestiones más relevantes presentadas en este artículo.

Metodología

La situación de ilegalidad y persecución respecto de algunas acciones que desarrollan estos agentes (UyCT/MC), configuran el campo como de dificultoso acceso para cualquier tarea de investigación social. Situación señalada por parte de la bibliografía especializada en la temática de drogas ilegales y de usuarios de marihuana en particular (Becker, 1963; Corbelle, 2018a; Restrepo 2015; Klein y Potter, 2017; Figueiredo, Policarpo y Veríssimo 2017). De manera que el acercamiento al mismo como investigador, requirió de vínculos de confianza y amistad (Corbelle, 2018). Estos se fueron construyendo a partir de la labor de docente e investigador del tema, a partir de los espacios compartidos con algunos de los activistas locales en los ciclos de charlas que el movimiento cannábico ha brindado a la comunidad en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur.

Forjar relaciones personales con algunos de los agentes sociales, permitió acceder a los espacios en donde se desarrollaron las actividades propias como activistas cannábicos y en su rol de usuarios y cultivadores de marihuana. Estas últimas son quizás las que más sensibles pueden resultar, no solo porque acontecen en el ámbito de la privacidad de las personas, sino particularmente por estar alcanzadas por la Ley penal de estupefacientes. En consonancia con dicha situación, en esta publicación se han alterado los nombres de los entrevistados y suprimido algunos datos a efectos de resguardar sus identidades.

El abordaje socio histórico del movimiento cannábico en Bahía Blanca, cuyo nacimiento data de 2010, permitió la exploración y caracterización de prácticas, así como de estrategias de militancia y visibilización, de gestión y defensa, que procuraron estos actores sociales para hacerse del cannabis para diferentes usos.

A su vez, desde la teoría de campos propuesta por Bourdieu (Bourdieu et al, 1995), la que concilia de manera armoniosa el abordaje estructura vs. agencia, es desde donde se enmarcará la exploración y explicación de las prácticas, estrategias y relaciones de la unidad de análisis seleccionada. En este sentido, abogando por una mirada relacional, es decir que las propiedades que les incumben a un grupo social, están dadas en un momento determinado del tiempo, lugar y posición en un espacio social. En contrapartida a la mirada del sentido común o esencialista, la que asume cuestiones biológicas o culturales como explicativas de sus rasgos y prácticas (Bourdieu, 1994; En Gutierrez, 2005, p. 22).

Al momento de describir el marco metodológico, resulta importante destacar que en esta investigación “el campo” no es un espacio físico diferenciado por límites naturales sino más bien resultado de una conceptualización previa del investigador (Holy, 1984).

De esta manera para abordar la problemática más amplia planteada en la investigación para la tesis de maestría en sociología, se conjugaron múltiples métodos, fuentes empíricas y perspectivas metodológicas, en una estrategia conjunta para la aproximación al objeto de estudio (Denzin y Lincoln, 1994). Por lo que se combinaron enfoques cuantitativos y cualitativos de abordaje (Hernández Sampieri et al., 2003. En: Becher, 2017).

Específicamente, los métodos cuantitativos consisten en un análisis estadístico de diversas fuentes nacionales, con la intención de dar cuenta de la aplicación de la “ley de drogas” en el ámbito nacional y la forma en que se originan dichas investigaciones. A partir de las estadísticas públicas disponibles para toda la República Argentina, vinculadas al MPF de la Provincia de Buenos Aires, y la jurisdicción de Bahía Blanca. Cabe aclarar que el análisis de estos datos serán omitidos en esta publicación, debido a los objetivos aquí propuestos.

Por lo que la problemática aquí planteada, se aborda fundamentalmente desde el enfoque cualitativo, donde se distinguen los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor, es decir considerando el significado o sentido que las personas otorgan a determinados hechos o a la realidad (Vasilachis de Gialdino, 2007). Puntualmente, se llevaron a cabo entrevistas de carácter semiestructuradas y abiertas a once UyCT/MC, dos cultivadores solidarios¹⁰ y a cuatro operadores judiciales.

Parte I: La Bahía Verde: breve historia del movimiento cannábico bahiense, la génesis de los activistas y de las agrupaciones

Bahía Blanca, ciudad portuaria de aproximadamente 300 mil habitantes ubicada 600km al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CABA-, es una metrópolis con un sector industrial importante dado por distintos recursos estratégicos, vinculado fundamentalmente a la industria petroquímica inaugurada por el año 1977 y con posteriores ampliaciones por parte de los diferentes gobiernos (Becher y Klappenbach, 2014).

Desde su primer asentamiento en el Siglo XIX como Fortaleza Militar y en los años posteriores atravesada por diferentes sucesos políticos, culturales, sociales y económicos que la conforman como parte de un proyecto de nación referenciada con las potencias europeas y norteamericana. El cual en su fundación y posterior desarrollo invisibiliza y segrega a sus habitantes originarios (Ribas, 2012). Afianzado este proyecto civilizatorio, se destacan desde comienzos del siglo XX sus vínculos sociales y políticos con la cercana Base Naval de Puerto Belgrano, el cual se posiciona como el primer puerto militar del país. Asimismo, a partir del rol de los medios de comunicación locales durante distintos periodos históricos, han sido asociados y caracterizados como de tipo reaccionario¹¹. Estas son algunas de las cuestiones que harán que esta sociedad sea considerada por propios y ajenos como mayoritariamente conservadora (Becher, 2022; Ramos, 2015; entre otros).

Sin embargo, es una ciudad integrada por diversos colectivos culturales y movimientos sociales de larga trayectoria de lucha, aún activos y con presencia en los espacios públicos mediante movilizaciones y otras acciones colectivas (Becher, 2017, 2022; Becher y Klappenbach, 2014). Uno de estos colectivos es “el cannábico”, que según los propios pioneros data del año 2010. Es a partir de ese momento, que tienen lugar las primeras reuniones de cultivadores y usuarios que estaban decididos a salir del anonimato, compartir sus experiencias y aprender de otros sobre las cuestiones que los nuclean en torno a esta causa.

En este sentido, si bien el reclamo por un cambio en la ley de drogas, exige entre otras cuestiones, el reconocimiento del autocultivo como manera segura para acceder al cannabis y el fin de las detenciones, allanamientos policiales y procesamientos judiciales, es recién tras el boom que experimentaron los usos terapéuticos de la planta en el año 2016 en nuestro país (Diaz, 2018; Romero y Aguilar, 2020), que comenzaron a ampliarse las bases sociales de esta demanda (Corbelle, 2018). Aunque esto se ha dado de manera diferente en cada provincia y también al interior de cada agrupación, en grandes líneas, puede decirse que la diversidad de actores que se ha sumado al reclamo no sólo ha enriquecido el debate, sino que ha permitido instalar la problemática en el campo de la salud, la educación y en la sociedad en general, otorgando mayor visibilidad a las demandas y logrando mayor aceptación social hacia quienes usan y cultivan la planta. Los testimonios de madres con hijos usuarios de aceite de cannabis que han cambiado radicalmente su situación frente a enfermedades tan complejas como el autismo, la epilepsia y otras asociadas al dolor han sido particularmente claves, al igual que el respaldo a través del discurso científico por parte de reconocidos profesionales (Salech, 2018; Romero y Aguilar, 2020).

En palabras de uno de los activistas que conforman ese grupo primigenio, quien luego sería presidente de la primera agrupación enfocada en “lo medicinal”, el objetivo que quizás más representó al colectivo local en sus comienzos:

“[…] al principio era una cuestión de solidaridad, y ver qué podemos hacer para reclamar por una legalización de esto. Y básicamente el objetivo principal de todo es que la gente no consuma prensado, que si van a consumir marihuana que planten en su casa… eso es lo primero de todos estos grupos que anduvieron… salir del prensado, salir del narcotráfico […]”¹²

Este grupo de usuarios y cultivadores que aún no se hallaban organizados bajo ninguna agrupación en particular, compuesto por personas de no más de 25 años y sin una estructura jerárquica ni funciones claramente delimitadas, será quien luego lleve a cabo una campaña informativa, en la que se preparan y reparten volantes respecto a las propiedades terapéuticas, alimentarias y ecológicas de la marihuana.

Parte de estos integrantes de ese grupo primigenio fueron los que gestaron por el año 2012, la primera agrupación de la ciudad denominada Organización Cannabicultores Bahía Blanca (OCBB) con vínculos estrechos con la Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA) con sede en la CABA. OCBB tuvo una corta vida, no obstante, logró organizar un taller de extracción, una jornada de difusión con bicicleteada y la organización de las primeras marchas en el ámbito local, la Marcha Mundial de la Marihuana.¹³

Inmediatamente después de su disolución dará lugar al nacimiento de: La Cofradía Cannábica Bahiense -CCB-, quienes enfocan su lucha y activismo por “todos los usos de la planta”. La que estará activa hasta 2016. Y Cannabis Medicinal Bahía Blanca -CMBB-, enfocada claramente en “el cannabis medicinal”, agrupación que logró su personería jurídica en 2017 y se encuentra funcionando en la actualidad.

Poco tiempo después, parte de personas que integraban la OCBB por diferencias políticas y personales crean “La Cofradía Cannábica Bahiense” (CCB). Fueron los autores de pintadas con el logotipo de CCB en las paredes de distintas zonas urbanas de la ciudad, con leyendas del tipo: “Disculpen las molestias, estamos cultivando”, “Marihuana Medicina Natural”. Desde su conformación en 2012 tiene una activa participación en la realización de eventos informativos y artísticos en donde difunden las propiedades del cannabis y el derecho a utilizarla. Esta agrupación se diferencia del resto de las del ámbito local por tener objetivos de lucha más amplios en relación al uso del vegetal, es decir no únicamente con fines terapéuticos/medicinales. Siempre con una línea muy clara en lo que respecta a “no comerciar” cannabis ni sus derivados, apelando de forma explícita a la acción solidaria.

De igual manera en 2011, habiéndose iniciado primero de manera virtual mediante página de Facebook, en cercanías a una de las áreas comerciales más transitadas de la ciudad abre sus puertas al público Onda Verde. El primer local con categoría de grow shop o comercio de productos para el cultivo y parafernalia cannábica (abonos, macetas, pipas, etc.). Y en junio de 2013 lo hará “Bahía en Flor”, apostándose en una de las calles céntricas más concurridas de la ciudad.

Es en 2012 que nace la primera agrupación bahiense que logrará en 2017 obtener personería jurídica: Cannabis Medicinal Bahía Blanca -CMBB-. La conformación inicial de la misma tiene como germen, a parte de las personas que habían formado alguna de las anteriores agrupaciones y activistas independientes, otros que se suman a partir de la campaña de adhesión que realizan por las redes en torno a la temática del cannabis medicinal. Este encuentro dará como uno de los primeros resultados la activación de una página de Facebook. A través de la misma se comienzan a responder a inquietudes y pedidos de ayuda presentadas por distintas personas, además de compartir información y contenido vinculado a la temática. El entrevistado, quien llegó a ejercer la presidencia de esta ONG, explica que el grupo al adquirir identidad pública comienza a tener distintas áreas de trabajo como: la elaboración de cremas y aceites, la comisión de salud, tesorería y finanzas, entre otras.

Inicialmente CMBB elaboraba y regalaba tintura de cannabis.¹⁴ Luego frente a la necesidad de afrontar los costos relacionados a los elementos necesarios para la elaboración del concentrado, se implementó un sistema de entrega a través de un cadete, a los/as socios/as que se suscribieran a la página de Facebook. Para evitar que se asocie esta acción a la venta, fue ideada una dinámica particular:

“teníamos un sistema de que la gente escribía a la página y… eeh se le pedían datos de contacto y le llevaban a la casa un sobre con un gotero y un bono contribución […] o sea lo que tenían que hacer era pagarle al cadete que se lo lleva y después el bono podían digamos comprarlo o no […] había que pagarle [al cadete], no podíamos no pagarle, pero tampoco queríamos que fuera un negocio o que se confunda con otra cosa, entonces el formato en ese momento que nos pareció más lógico para hacerlo ya: “el cadete te cobra pero el gotero es gratis.”¹⁵

Este sistema duró un tiempo, hasta que “comenzó a verse como problemático” dado por el riesgo que implicaba el hecho de que una persona estuviera trasladándose con goteros con aceite de cannabis, además de dinero. Y por más que la intención del sistema era no generar una comercialización, ya que la contribución que se hace a la agrupación era voluntaria y no supeditada a la entrega del derivado de la marihuana, en palabras del propio entrevistado: “era algo que podía verse raro […] después si tenés que andar explicando… mejor cortar por lo sano, así que eso fue algo que duró un tiempo. […] lo que fue positivo de eso fue que sirvió para hacer una base económica para poder hacer algo más grande después. Y ya a partir de ese momento se empezó con la modalidad del socio.”¹⁶

Poco tiempo después, en marzo de 2016 se realiza el primer evento público, una charla informativa en la que se exhibieron libros de la temática, tinturas y cremas, además de información relacionada al aspecto medicinal y de cultivo de la planta. El espacio para el evento fue cedido de manera solidaria por BAR -Buenos Amigos Reunidos-, un pub y espacio cultural que funcionó en el Paseo de las Esculturas, centro neurálgico de la ciudad donde se congregan diversos espacios de esparcimiento. El lugar fue colmado por aproximadamente 80 personas, los profesionales de la salud Virginia Ventura y Nicolás Di Biase, forjarán una relación con los activistas y usuarios fundadores de esta asociación local. Además llevarán a cabo junto a otros colegas la experiencia de la vaporización del cannabis en el espacio de los talleres y charlas que brindaría la agrupación entre los años 2017 y 2018. Uno de los objetivos de estos encuentros, en palabras de este reconocido profesional: “(…) para tratar un poco de combatir los miedos asociados a la vía inhalatoria del cannabis, tan asociada a drogarse por decirlo de alguna manera (…)”¹⁷

Asimismo, desde otros sectores culturales de la ciudad de Bahía Blanca, se replica el apoyo a la causa. Ese mismo año en el centro cultural “El Peladero” se realizó “El Festival Cannacultural” que incluyó un espacio de cata y congregó a distintos artistas de la zona identificados con la cultura cannábica.

No todo es color verde

Como contracara a la conformación y legitimación social de este movimiento social, durante el periodo 2015-2019 se suceden conflictos y luchas de diverso grado de intensidad (Millán, 2007). Sin pretensión de ser exhaustivo en el mapeo de los mismos, sino en clave para comprender que “la decisión de adoptar acciones colectivas suele producirse en las redes sociales en respuesta a las oportunidades políticas, por lo que el nivel de conflictividad está asociado no solo a causas, sino al contexto en que el mismo se desarrolla” (Tarrow, 1997 en Millán 2007, p. 10). A continuación se expondrá resumidamente un hecho que protagonizó un sector del activismo cannábico bahiense con las fuerzas de seguridad, el 4 de septiembre de 2015. El mismo se sucede en la Plaza Rivadavia a plena luz del día, concretamente contra miembros de CCB. Este hecho logró una gran visibilización, no solo porque se da en la zona más céntrica de la ciudad en hora pico, sino también porque el video donde se observa la reducción y detención de dos miembros de la CCB, fue rápidamente replicado a través de las redes sociales.

Los activistas detenidos y una tercera persona que transitaba por el lugar, denunciaron que no fueron informados respecto al delito que motivó la detención, caracterizada como violenta y arbitraria por un concejal. Asimismo el cuadro político, refirió que las mismas se suceden producto de “la falta de formación de nuevos actores y las malas costumbres de viejos actores”.¹⁸

Años más tarde, la violencia ejercida por operadores policiales y judiciales sería nuevamente denunciada de manera pública a través de un mural en el Parque de Mayo. Asimismo, esta violencia desplegada desde el Estado, es señalada desde la Antropología Jurídica y Política, no como resultado de situaciones extraordinarias, sino enquistada en normas, prácticas y rutinas de larga tradición institucional, con diversos grados de intensidad y mediada por las relaciones y circunstancias respecto de cómo se despliegan (Tiscornia, 1996; Pita, 2010; Pita y Pacecca, 2017).

A los pocos días de sucedido el episodio, en el programa radial “Así estamos” de FM de la Calle, los dos detenidos explicaron que instalaron el puesto informativo, durante todo el año en ese mismo lugar. Sin embargo ese día, la Policía Municipal apoyada por personal de la Bonaerense, comenzó a cuestionar su presencia y a acusarlos de vender marihuana. Es decir que, a pesar de que uno de ellos les explicó que su tarea era la de brindar información sobre la planta y promover el autocultivo, insistieron en que dicha actividad no podía realizarse. Mientras se sucede la conversación con los policías, uno de los jóvenes comienza a filmar la escena. Aparentemente dicho registro molestó a una de las agentes, quien ordenó esposar y trasladar a ambos a la dependencia policial.

La detención y aprehensión de los dos activistas cannábicos, que según otras fuentes periodísticas se fundamentan en tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, motivó la presencia solidaria de más de 30 personas en la sede policial exigiendo la inmediata liberación. La pérdida de libertad se extendió hasta el día siguiente, con el posterior traslado a la fiscalía donde finalmente son liberados, cuando operadores judiciales constatan que no existió delito.

Sin intenciones de haber realizado un exhaustivo análisis socio histórico sobre el campo y sobre este movimiento social, tarea imprescindible para conocer y entender la dinámica del mismo, en parte configurada por el historial de lucha por parte del movimiento cannábico local y sus repertorios de acción colectiva (Bourdieu, 1995; Tarrow, 1997). Se observa que desde el nacimiento del mismo, se gestaron y articularon distintas prácticas y estrategias con diferentes objetivos.

Parte II: Estrategias y prácticas de defensa, organización y gestión

Los usuarios y cultivadores de cannabis han desarrollado e implementado a lo largo de los años, diferentes estrategias para poder tener acceso a la planta y/o sus derivados (Motta, 2020). Estas implican las prácticas más “arcaicas”, para protegerse frente a requisas y allanamientos por parte de las diferentes fuerzas policiales. Y en el último tiempo, con la popularización del cultivo y la difusión de los usos terapéutico medicinales del cannabis, para defenderse frente a posibles robos por parte de terceros.

Interesa en este apartado, describir las “estrategias individuales y colectivas” que estos actores desplegaron entre 2015-2019. Estos tipos de estrategias, como se verá a continuación, no son excluyentes sino que se encuentran articuladas y son complementarias.

1. Estrategias colectivas

1.a. Asociativismo. La agrupación en colectivos y vinculación con otros usuarios y cultivadores tiene larga data al interior del movimiento cannábico argentino, y bien puede ser pensada como una estrategia de defensa basada en la protección y fuerza que implica el estar con otros: “alguien en quien se puede confiar” se vuelve casi vital “en un contexto de criminalización y persecución más amplio” (Corbelle, 2018, p. 19). En el caso de los usuarios y cultivadores con fines terapéutico/medicinales en particular, estos vínculos usualmente se generan tanto por la necesidad de obtener las flores del cannabis, sus semillas, extracciones, información, consejos, así como por compartir sus cosechas y saberes.

La imposibilidad de adquirir los mismos a través del mercado legal, así como las escasas o nulas garantías que ofrece el mercado ilegal, se encuentran como una de las cuestiones más citadas que han motivado el acceso a través de sitios webs y foros especializados de la cultura cannábica (Vidal, 2010 en Mota 2020, p. 56), así como la generación de relaciones con asociaciones formales (Motta, 2020). De hecho, de un total de trece entrevistados únicamente dos no tuvieron vinculación con alguna de las agrupaciones durante el periodo 2015-2019. Uno de ellos es Jorge de 72 años, quien es docente jubilado, cuenta que la vinculación con la asociación CMBB le permitió el acceso a lo que él considera “el mundo del cannabis” y la posibilidad de tener las primeras semillas para finalmente poder elaborar su propio aceite.

Al igual que este adulto mayor, todos los entrevistados manifestaron haber tenido vínculos con personas que cultivan o usan marihuana y han intercambiado distintos bienes y saberes. Los que han colaborado tanto en la producción de sus cultivos, en la utilización de sus derivados, así como con información y prácticas de protección y defensa frente a diferentes situaciones.

1.b. Pactos de confidencialidad y círculos de allegados. La imposibilidad de cultivar y/o obtener la suficiente cantidad y calidad de la parte de la planta que contiene los principios terapéuticos y psicoactivos, sus flores, ha generado que muchos usuarios que tienen necesidades terapéuticas/medicinales, accedan al cannabis o sus derivados a través del mercado ilegal, de un club y/o de un cultivador solidario. Es decir, no todos lo hacen a través de organizaciones sociales formalmente constituidas. En este sentido, algunos clubes y cultivadores solidarios, han elaborado mecanismos de protección y resguardo para protegerse de las fuerzas de seguridad.

En la ciudad de Bahía Blanca entre 2017 y 2019 funcionó un Club de usuarios/as medicinales. Adrián fue uno de sus fundadores, quien además es usuario y cultivador. Respecto de las normas de admisión, explica que una de las vías de ingreso/acceso se da mediante una suerte de membresía. Esta tiene como primer paso la suscripción a través de correo electrónico donde, a partir de una encuesta de Google, se establece el perfil del usuario y su registro. Además de solicitar certificado médico que avale el uso medicinal de la planta, se informa sobre los costos, los derechos y obligaciones. Comenta que: “[…] una persona va a la casa y le explica el funcionamiento, las cosas que se pueden hacer y las que no […] estar pasando el dato y “hablando boludeces”. Si alguien necesita incorporarse, se consulta antes… si caemos, caemos todos […]”¹⁹

A partir de su relato, se observa que se ha establecido un pacto de confidencialidad entre los/as socios/as integrantes del Club, sus socios fundadores y administradores.

La otra forma de acceso al Club, es a través de un médico de confianza que genere el contacto con él o con su compañero cultivador. De esta manera se promueve un círculo de personas allegadas, lo que permite una mayor seguridad respecto de la actividad de la agrupación. La misma además de tener carácter informal, se podría caracterizar como secreta y privada, debido a que algunas de las tareas que realizan, podrían considerarse como ilegales según la interpretación que operadores judiciales locales hacen de la normativa vigente -ley 23.737-.

La construcción de este “círculo de personas allegadas” es también una estrategia frecuente entre quienes son denominados cultivadores solidarios. Tal es el caso de Franco de 23 años, que mantiene contacto con pocas personas que son las que luego distribuyen los derivados del cannabis a terceros de su confianza: “[…] hago esto para ayudarte, no le digas a nadie. Si ves a alguien que necesita, le das y si le funciona y esta persona te pide, vos venís y me decís a mí… me manejo de esa manera, entonces tengo trato con una sola persona, que le da la crema a cuatro o cinco personas […] me manejo con gente allegada prácticamente”.²⁰

1.c. Acciones para favorecer la privacidad y la confidencialidad en las comunicaciones. La modalidad de comunicación a través de las redes sociales y los dispositivos electrónicos favorece la fluidez e inmediatez en las comunicaciones, así como también la incertidumbre respecto de quienes pueden tener acceso a las mismas. En este sentido, de la totalidad de entrevistados únicamente tres manifestaron no tener ningún cuidado respecto de los temas vinculados al cannabis que se hablan con otras personas, a través de estos medios. El resto es sumamente discreto e intenta no conversar nada a través de ellos. A continuación se transcribe parte de lo conversado con un cultivador que toma algunos recaudos respecto de las prácticas vinculadas a asistir a otras personas:

Entrevistador: ¿Cómo te piden? ¿Por teléfono? ¿van a tu casa?
Emanuel: “A mí siempre me pidieron en persona” […] “Muchas veces explico que por teléfono no, a mí siempre me pueden ver y la gente conoce mis horarios para venir”.²¹

Relata este joven de 24 años, quien trabaja en un geriátrico 8 horas por día, se considera usuario recreativo y cultivador solidario. La mayoría de los destinatarios de sus cremas corporales con cannabis y otras hierbas medicinales, son los abuelos de esta institución o sus familiares.

Estos miedos o temores no son infundados como bien da cuenta Lore de 38 años, quien se presenta como ceramista y artesana. Al momento de la entrevista se encontraba con prisión domiciliaria, beneficio que no siempre es otorgado cuando se imputa por la ley de drogas, según explica un operador judicial. Esta usuaria terapéutica y cultivadora, relata que su situación se complica a partir de las escuchas que le venían haciendo desde 2017. En diversas comunicaciones en las que ella conversaba con su novio: “[…] le digo por teléfono que si llegaba a necesitar dinero o cualquier urgencia iba a vender las plantas”.²²

En su relato aún está a flor de piel lo que sintió el 10 de abril de 2019, fecha en la que se encontraba con seis meses y medio de embarazo. Ese día por la mañana su domicilio es allanado y le secuestran dos plantas de más de dos metros de altura y un poco de aceite. Este hecho sucede en la casa que alquilaba en uno de los barrios más pintorescos de clase trabajadora de la ciudad, donde tenía su taller y daba clases de cerámica. Al momento del ingreso de las fuerzas policiales se encontraba con su hija de nueve años. Reconoce que el no cuidarse “[…] me llevó a donde estoy”, haciendo referencia a su situación de detención al momento de la entrevista: “[…] por teléfono no hay que hablar nada.”²³

Otra de las caras respecto de la forma de utilizar las redes sociales y teléfonos celulares para comunicarse, se encuentra en el relato de Faca de 42 años, quien se asume como usuario medicinal y cultivador. Manifiesta utilizar aplicaciones específicas que se instalan en el dispositivo -celular, notebook, pc, etc.- para prevenir este tipo de situaciones: “[…] hay temas que podríamos considerar sensibles, que solo las hablo y comunico por estos medios […]”²⁴

2. Las estrategias individuales

2.a. Prácticas para incrementar la seguridad en las comunicaciones. Asimismo, con la misma intención que los códigos comunicacionales que se establecen con terceros, se han identificado formas de comunicarse por parte de cultivadores y usuarios que no son acordados de forma conjunta o colectiva con los demás. Sino que se gestan de forma personal y sin previo aviso. Por lo que se han incluido en la categoría de “estrategias de tipo individual”. En este sentido, cuando se le preguntó a Franco (23) si se dio la situación en la cual alguien tuvo buenos resultados, se corre la voz respecto de la efectividad del cannabis para determinada dolencia y le escribe una persona desconocida: “No le respondo, no me hago ni cargo […]”²⁵

2.b. Acciones para incrementar la privacidad y seguridad de los cultivos. Esta estrategia ha sido motivada no solo por el riesgo percibido de ser detenido, allanado y procesado por parte de las fuerzas de seguridad y el poder judicial respectivamente, sino por el aumento de los robos de plantas por quienes se conocen como “cogolleros”²⁶. Es así que muchos han optado por medidas para incrementar la seguridad de sus cultivos, como son: la colocación de cámaras, el cerramiento del perímetro, la adopción de perros, la construcción de invernaderos y los cultivos de interior o “indoors”. Todas estas acciones han sido identificadas en el 75% de quienes participaron de esta muestra.

Sin desconocer que también han trascendido testimonios en el que se han tomado medidas más drásticas, como: la adquisición de armas de fuego, colocación de trampas para animales en el perímetro de sus cultivos, la contratación de personas que realicen guardias nocturnas cuando las plantas se encuentren próximas a ser cosechadas, entre otras.

Como explica Jorge de 72 años, no sólo se trata de la pérdida de su medicina, sino también de las múltiples consecuencias que el robo genera en el ámbito personal, familiar y social. En su relato describe cómo en diciembre de 2019 le sustrajeron sus dos únicas plantas que tenía en el patio, faltando más de 60 días para la floración, es decir que aún no tenían valor psicoactivo ni medicinal. Al poco tiempo de este incidente, comenzó a cultivar con luces de led que emulan la luz solar, en un espacio del interior de su domicilio, lo que implicó una inversión de tiempo y recursos.

Otro de los entrevistados que comparte las categorías de cultivador solidario y usuario medicinal por el dolor de una hernia lumbar, es Faca de 42 años. Si bien nunca fue víctima de robos ni allanamientos, no ajeno a la realidad de sus colegas, para la cosecha de 2019 montó un sistema de jaulas para las macetas donde cultiva, brindándole “una tranquilidad adicional”.

Según los testimonios de quienes cultivan desde hace más tiempo, el fenómeno de los robos de plantas es bastante reciente, sobre todo a partir que comienza a ser más conocida y su cultivo se extiende en estas latitudes: “[…] cuando comenzamos a cultivar en 2002, acá casi que la planta no se conocía. A nuestro patio se podía acceder desde la calle, hemos tenido plantas que se venían desde ahí… nunca tuvimos problemas. La primera vez que nos “cogollaron” fue en 2017, fue una noche de tormenta y se llevaron una de más de 2,5 metros […]”²⁷ Asimismo, este usuario por migrañas crónicas, así como otros dos de los entrevistados, aseguraron que cuando las plantas se encuentran en floración tratan de ausentarse lo menos posible de sus hogares.

De manera coincidente, sus domicilios particulares fueron los lugares donde todos/as manifestaron llevar a cabo sus procesos de cultivo. Lo que implicó, en algunos de estos casos, interrumpir y/o modificar por el miedo a ser robados, como les ha tocado años anteriores, de manera personal o a sus amigos y colegas cannabicultores. Estos episodios suelen darse sobre todo, aunque no de manera excluyente, durante la época de floración previa a la cosecha, entre los meses de febrero a mayo.

De los trece entrevistados, todos conocen de forma directa a cultivadores que sufrieron esta suerte. Asimismo siete fueron víctimas de robos durante el transcurso de esta investigación, y dos de ellos consecutivamente en los años 2017, 2018 y 2019. Cabe señalar que el robo de plantas es señalado por primera vez en la revista especializada en cultura cannábica THC, en mayo del año 2014²⁸. Por lo que es un fenómeno que se da en simultáneo con la mayor difusión y “popularización” del cultivo en el ámbito nacional y regional, fuertemente extendido a partir de 2015 y con un incremento en 2017 con la ley 27.350 de cannabis medicinal.²⁹ En este sentido, ninguno de los entrevistados sufrió el robo de sus cultivos antes de 2015.

2. Visibilización

Como consecuencia de esta situación de precariedad en la que se encuentran usuarios y cultivadores, en medio de una “caza de brujas”, como dijo uno de ellos para referirse a la persecución y desprotección que sienten. Algunos han optado por hacer visibles algunas de sus prácticas y su rol social entendido como activistas cannábicos y/o UyCT/MC.

Recientes investigaciones de usuarios de cannabis en Colombia, han identificado que el consumo colectivo o masivo en lugares públicos se implementa como estrategia de protección frente a los abusos policiales, a pesar que el derecho al uso de drogas está protegido por ley (Restrepo, 2015). Si bien en Argentina existe la misma garantía, debe realizarse en un ámbito privado y sin trascendencia a terceros para no ser considerado punible, según lo explicado por los especialistas legales consultados.

La “visibilidad” pensada como estrategia defensiva, remite a la idea de la transparencia de acciones y de roles, es decir que socialmente buscan distinguirse de una actitud más oculta y secreta, propia de la ilegalidad asociada al “transa”.³¹ Es decir que esta búsqueda de salud propia o de un familiar, da una seguridad en lo personal y una legitimación desde lo social respecto de sus actividades vinculadas al cannabis, que se puede entender como reforzador de su capital como agente y por lo tanto favorecer su posicionamiento en el campo (Bourdieu, 1995). Sin embargo, retomando los testimonios de los protagonistas puede ser pensada cómo la estrategia más paradójica, ya que desde la mirada de los actores la visibilización favorece la imagen de quienes hacen uso y cultivan por cuestiones vinculadas a la salud; mientras que el peligro más “evidente”, es que se asocie que en sus domicilios pueden existir cultivos de cannabis y sus derivados, acrecentando el riesgo de sufrir robos y allanamientos.

Si bien se advierte que todos los entrevistados manifestaron la utilización de esta estrategia, se han distinguido diversos grados de visibilización. Siguiendo este gradiente de menor a mayor, se puede observar que la misma puede consistir en: comentar el uso y cultivo de la planta entre su círculo más íntimo -familiar, laboral, etc.- Otro nivel de esta estrategia, puede consistir en hacer uso de cannabis en espacios públicos o situaciones fuera de lo que habitualmente se entiende como el “ámbito de privacidad”. Como acciones más típicas se encuentran fumar o vaporizar en público, siempre pensando en un uso motivado por una cuestión terapéutica/medicinal.

Y finalmente, como nivel de mayor exposición y difusión se entiende el hacer visible su caso en las redes sociales o medios de comunicación. En este sentido, cuenta Adrián de 30 años: “A mí me hizo una nota una periodista que se llama Emilia Erbetta […] para un medio digital de Buenos Aires me ha escrito gente de México, Venezuela… de Centroamérica un montón. Esa nota habla de mi neuralgia de trigémino y que me preparo mi aceite para tratarla […] me empieza a escribir gente de todos lados […] hasta algún famoso […]”.³⁰ En el caso de este cultivador y usuario medicinal, lleva adelante de manera cotidiana lo que define como “activismo cannábico por las redes sociales”. En su relato también reconoce el “doble filo” de la exposición pública, la que retomaremos al final de esta sección.

Asimismo, el uso en público a modo de legitimar su consumo y otras acciones tendientes a “dar la cara” como usuario responsable, se identifican como prácticas propias del activismo cannábico de más larga data, es decir no estrictamente vinculado a lo medicinal. En este sentido, las mismas se pueden distinguir respecto a los objetivos y motivaciones de quienes las llevan a cabo, en este caso en su rol de militante o activista. Ya que estos últimos, refieren a consignas más abarcativas y generales como son la despenalización del uso y cultivo de marihuana, así como a la lucha por igualdad de derechos de los usuarios como sujetos políticos plenos, entre las demandas históricas más importantes del activismo cannábico argentino (Corbelle, 2018).

Otra forma de hacer público su rol como usuario, cultivador y activista se presenta en el caso de Fabio de 36 años, cantante de una banda de reggae que durante los años 2014 a 2019, tuvo gran protagonismo en la escena cultural y en el activismo cannábico local. Relata que las letras de las canciones hacen referencia al uso de la planta, así como a algunas de las demandas y consignas del movimiento cannábico. El hecho de fumar en espacios públicos a modo de “reivindicación y naturalización de su uso”, fue observado tanto por él como por todos los músicos integrantes del grupo, en las performances musicales realizadas en la Marcha Mundial de la Marihuana -MMM- de 2017.

Otra variante de visibilidad, es relatada por Jorge de 72 años, quien no pierde oportunidad de dar a conocer las virtudes de la planta durante distintos encuentros sociales, en relación al Parkinson que sufre desde hace 5 años. Sin embargo, se puede diferenciar de la de Fabio, en el sentido que por una “cuestión de seguridad” es más precavido al momento de hablar de este tema sobre todo con sus vecinos y vecinas del barrio.

En relación a la participación en la MMM, la cual se realiza en el mes de mayo en simultáneo en algunas ciudades del país y del mundo, es considerado como un espacio de gran “exposición”, por parte de los cultivadores y usuarios consultados. Respecto a la participación en esta movilización pública se puede observar que de la totalidad de entrevistados, únicamente dos de ellos no asistieron en ninguna oportunidad a la misma. Mientras que el resto lo han hecho al menos en alguna ocasión -Cuadro 1-. Esta situación también se considera una forma explícita de darse a conocer socialmente como activista y/o UyCT/MC, debido a que la misma es cubierta por varios medios locales. Además, fotos y videos del evento y sus asistentes, han tenido amplia difusión en las redes sociales.

Cuadro 1. Estrategias y prácticas implementadas por UyCT/MC en Bahía Blanca (2015-2019)

Reflexiones finales

El movimiento cannábico bahiense nacido en 2010, ha sentado las bases para la génesis de redes entre usuarios, cultivadores, activistas y profesionales de distintas áreas del conocimiento, lo que ha permitido entre otras cuestiones, la construcción y difusión de saberes, estrategias de lucha y movilización (Díaz, 2018; Romero y Aguilar, 2020). Además de prácticas defensivas para la obtención de lo que UyCT/MC consideran su medicina. Asimismo, han manifestado que mediante estas estrategias y prácticas, buscan protegerse de las consecuencias estigmatizantes y sus repercusiones sociales, económicas, en el ámbito personal y de salud que implica ser detenido, requisado, allanado así como afrontar una causa penal por tenencia de drogas. Sin soslayar, las múltiples consecuencias por perder las mismas en manos de aquellos que ven en el cannabis, simplemente un producto o mercancía como consecuencia del alto precio del mercado, incrementando la percepción de desprotección institucional por parte de quienes usan esta planta para su salud (Klein y Potter, 2017). Resulta importante resaltar que en los casos de UyCT/MC, sus plantas de marihuana ameritan un resguardo y protección especial. Ya que serán utilizadas a modo de “medicina paliativa” para atender diferentes dolencias, sean propias, de algún familiar o allegado. En este sentido la pérdida de sus cosechas, tendrá repercusiones negativas en el ámbito de la salud personal y el entorno familiar de los damnificados.

A su vez, se observa que este repertorio de acciones defensivas se complejiza y diversifica, inspiradas fundamentalmente por el incremento en los robos de cultivos, hechos que en el campo bahiense los entrevistados señalan a partir de 2015 y se intensifican desde el año 2017. Así como ante el creciente aumento de políticas represivas y prohibicionistas reeditadas en el ámbito local, las que se traducen en un aumento de causas donde existen plantas de cannabis con posible uso terapéutico/medicinal (MPF, 2015-2019). Donde, algunos operadores judiciales de la Jurisdicción de Bahía Blanca cumplieron un rol fundamental en la criminalización de usuarios de drogas y de UyCT/MC en particular, según la mirada de activistas, usuarios y cultivadores locales. Situación que se identifica a partir del año 2015 y se proyecta por lo menos hasta el 2019.

El aumento en las detenciones y aprehensiones de personas que tienen marihuana y/o sus derivados, permite ser analizada en clave Foucaulteana. Es decir que, al considerar de mínima una detención y/o aprehensión en la vía pública por parte de las fuerzas policiales y judiciales, por poseer cannabis o algún derivado que se usa con fines terapéuticos/medicinales, dichas acciones se condicen con lo que el autor define como “sanción normalizadora” (Foucault, 2008). Dirigida con intención de “encauzar” a quienes transgredan la normativa en materia de estupefacientes, considerada confusa por parte de los entrevistados, algunos especialistas del derecho y otras publicaciones consultadas. Contrariamente, si bien algunos pusieron en duda la continuidad de su actividad como cultivadores, debido a la mayor criminalización y al incremento de los robos, esto finalmente no se tradujo en una renuncia a utilizar cannabis ni a dejar de cultivarlo para uso propio o de terceros. Actitud condicionada por el entendimiento de la salud y el bienestar como valores fundamentales.

Bibliografía